A propósito de la Empanada más cara del mundo

La fecha era octubre de 2017. Esa noche salía de despacho del Palacio de la Aduana cuando una mujer, llorando desconsolada se me acerca a pedir ayuda. Su negocio acababa de ser removido por la Policía y la Gerencia de Espacio Público. Ella no poseía confianza legítima, sin embargo, se estaba ganando la vida sin hacerle daño a nadie. Esos son el tipo de situaciones a los que uno como Alcalde se enfrenta. La vida es injusta, la inequidad es rampante y el deber es proteger el bien común. Entonces ¿qué hacer? Decían los padres fundadores de Estados Unidos que la primera regla de una política pública es que sea coherente con la realidad a la que se va a aplicar. En una ciudad como Cartagena, el empleo formal todavía es una fantasía para una parte importante de la población. Aún con los números bajos en materia de desempleo (comparados con el resto del país) seguimos teniendo altos niveles de informalidad. A eso se le suma el turismo, industria propensa a fomentar y ser blanco de las ventas ambulantes por la inmediatez de la necesidad del comprador.

Teniendo en mente tanto la necesidad de mejorar el ecosistema laboral de la ciudad como de entender las dificultades de aquella vendedora ambulante sin confianza legítima diseñamos dos políticas públicas complementarias. En primer lugar, con el Gerente de Espacio Público (Iván Castro, hoy Secretario de Planeación) elaboramos una aplicación
virtual que facilitase el acceso de autoridades, ciudadanos y los propios vendedores al Registro Único de Vendedores. Esa aplicación otorga un código QR capaz de ser leído
por cualquier celular inteligente. El ejercicio nos permitió no sólo sanear la base de datos de la Alcaldía sino que además ayudó a la Policía a mejorar su labor y a disminuir los casos de abuso de autoridad. Con la Corporación de Turismo trazamos una campaña para informar al turista sobre el aplicativo y fomentar la compra a vendedores regulados.
Como segunda medida, en conjunto con los gremios de la ciudad e Invest in Cartagena, formulamos una política pública de incentivos tributarios que llevamos al Concejo de Cartagena. Dicha política buscaba la generación de empleo formal mediante descuentos atractivos pero con relativo bajo costo para las finanzas distritales y orientado a empresas
que decidieran asentarse en Cartagena por primera vez.

Ambas medidas, complementarias en su concepción e implementación, debían llevar a que en un futuro cercano, historias como las que me contó dicha señora, no se repitiesen en Cartagena. Está bien que queramos espacios públicos ordenados y limpios, pero eso no necesariamente va con calles y plazas libres de vendedores ambulantes. Se puede soñar con una ciudad ordenada cuyos vendedores ambulantes tengan circuitos dedicados, retribuyan con servicios a la ciudad, limiten ser estacionarios y que su interacción con el turista conlleve resultados positivos para la totalidad de la población.

Para ello es necesario que en Cartagena expandamos además la oferta de atractivos turísticos y le quitemos presión al Centro Histórico. El turismo debe llegar al Cerro de la Popa y a la Vía Perimetral y esos espacios deben servir como nuevos focos para seguir en el proceso de consolidación de una economía formal. Los incentivos perversos del mercado solo se vencen con políticas públicas regulatorias por parte del Estado, casi nunca con actitudes prohibicionistas.

En Cartagena empezamos a demostrar que es posible reconciliar las ganas de un raspao en la calle con un empleo en Mamonal. O es que ¿se imaginan a Cartagena sin palenqueras y sin alegrías?